Por: Pedro Adalberto Castro Cruz
Sociólogo. Candidato a magíster en Docencia Universitaria/Docente Investigador, Universidad de Oriente
Estas medidas de distanciamiento social por la pandemia del COVID-19 ha venido hasta la fecha minimizando el acceso a servicios básicos, empleo, comercio, libertad de circulación y asociación, sobre todo a los estratos sociales más desprotegidos de nuestra sociedad salvadoreña, generando un nuevo escenario de desigualdad social a nivel nacional, sin embargo los esfuerzos por parte del Gobierno por bajar la curva de contagios ha sido positivos hasta el momento a pesar del estancamiento del sector industria, comercio, construcción, servicios y trasporte, sin embargo el sector más afectado ha sido el informal y aquellas familias con extrema pobreza.
A pesar de las medidas de distanciamiento social, la población ha continuado saliendo de sus casas sobre todo aquellas personas que viven de lo que producen u obtienen en el día, especialmente sector informal. Resulta fácil quedarse en casa cuando se tienen las condiciones mínimas para vivir, entre ellas seguridad laboral, el ingreso monetario fijo, servicios básicos, un hogar, un núcleo familiar promedio y un ambiente seguro, sin embargo, no todos tienen esta fortuna en nuestro país, a tal punto que tienen que salir a buscar el sustento diario para sus familias.
Lo anterior se fundamenta en la medición de pobreza multidimensional apoyada desde el 2015 por la oficina nacional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el cual ofrece una mirada a la vulnerabilidad de las personas y los hogares ante el shock del COVID-19. El índice de pobreza multidimensional (IPM), sus dimensiones y privaciones permiten identificar características estructurales que hacen que ciertos hogares presenten riesgos más graves que otros en la pandemia y sus consecuencias.
Retomando el informe del PNUD “Una mirada desde la pobreza multidimensional en El Salvador” se presentan seis factores de riesgo relacionados con el COVID-19 a partir de igual número de privaciones consideradas en el IPM, estas son: acceso a agua potable, acceso a servicios de salud, hacimiento en el hogar, saneamiento, acceso a seguridad social y subempleo.
Esos elementos son combinados con otras características que generan vulnerabilidad a la pandemia y sus consecuencias dentro de los hogares, como son las jefaturas femeninas sin cónyuge y/o con personas adultas mayores y niñez; o bien la dependencia a flujos de remesas para la subsistencia. Como resultado se identifican cuatro grupos de hogares que deben ser atendidos para prevenir el contagio y sobrellevar las consecuencias económicas en los hogares de las medidas sanitarias.
Actualmente el 12.4 % de los hogares caen en la categoría de pobreza de ingreso y pobreza multidimensional. Es decir, en estos hogares el ingreso per cápita es insuficiente para cubrir el valor per cápita de la canasta básica ampliada (que equivale a dos veces el valor de la CBA); y a la vez experimentan siete o más privaciones en los indicadores de la pobreza multidimensional en el hogar. La proporción equivale a poco más de 230 mil hogares, que podrían considerarse un núcleo duro de pobreza en el país. (PNUD, 2020)
De esta manera resulta preocupante como el sector informal y lo hogares que viven por debajo de esta línea de pobreza actualmente están pasando por condiciones críticas respecto al factor ingreso. Para el 2018, el último dato de pobreza multidimensional muestra que 48.9 % de los hogares rurales experimentan privaciones a lo largo de las diferentes dimensiones de este indicador. Esto equivale a más de 330 mil hogares, que podría situarlos en condición de alta vulnerabilidad frente la llegada de la pandemia COVID-19.
Desde esta perspectiva las medidas de distanciamiento social han minimizado indicadores vitales para el desarrollo humano social, entre los cuales existen varios que destacan por el nivel de privación que reflejan. Entre ellos están: la educación de personas adultas; acceso a seguridad social; subempleo e inestabilidad en el trabajo; acceso a agua y saneamiento; y, restricciones debido a la inseguridad.
En la dimensión de trabajo destacan dos privaciones. La primera es que 68.5 % de los hogares salvadoreños enfrenta privaciones en materia de la seguridad social, que se entiende cuando al menos una persona laboralmente activa no es beneficiaria ni cotizante a la seguridad social (incluyendo al ISSS) o del Sistema de Ahorro para Pensiones. La otra privación es que 61.9 % de los hogares se encuentra privado por subempleo e inestabilidad laboral. Esta se refiere a la situación en la cual al menos una persona en el hogar se encuentra en situación de subempleo (por tiempo o por ingreso); o bien, debido a que posee un empleo inestable en el que existen periodos de inactividad forzosa superiores a un mes al año.
En general, la pobreza multidimensional tiene un rostro territorial bastante marcado. En ese sentido, la mayor incidencia se reporta en los departamentos de Ahuachapán con más de la mitad de los hogares viven en condiciones de pobreza (50.1 %); La Unión con 42.8% y Morazán con 42.1%. En cambio, San Salvador y La Libertad reportan las tasas más bajas con 14.1 % y 28.6 % respectivamente.
Actualmente el grupo más vulnerable está conformado por cinco departamentos que poseen elevados niveles de intensidad e incidencia de la pobreza multidimensional: Ahuachapán, Morazán, La Unión, Cabañas y Usulután. En particular, Ahuachapán no solo posee la tasa más elevada de incidencia de pobreza multidimensional en hogares, sino que además presenta también la intensidad más elevada, 44.7%. Esto significa que los hogares en pobreza multidimensional, en promedio (ponderado), están privados de 44.7 % de los indicadores de esta medición de pobreza. (PNUD, 2020)
Las diferencias territoriales señaladas son importantes de cara a las políticas públicas destinadas a reducir el contagio del COVID-19; y, para aquellas diseñadas para la recuperación de los niveles de vida en el corto, mediano y largo plazo. Se insiste en la combinación de estas dos características de esta medición (intensidad e incidencia) porque con ellas se obtiene el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), que representa una medida de incidencia ajustada por la severidad de las privaciones que sufren los hogares.
Considerando que existen características estructurales, ciertos hogares podrían presentar riesgos más graves que otros de contraer el COVID-19 o verse impactados por los efectos económicos colaterales de la pandemia. Algunos indicadores críticos de la medición de pobreza multidimensional pueden ofrecer un entendimiento de riesgos interconectados frente a la epidemia del COVID-19.
A más de dos meses de cuarentena y con la aprobación de la nueva Ley de regulación para el Aislamiento, Cuarentena, Observación y Vigilancia por COVID-19 el cinco de mayo pasado, las medidas de distanciamiento social se han endurecido más, a tal punto que se ha limitado a la población a salir dos veces por semana según número de DUI únicamente para la compra de alimentos y medicina, si un ciudadano sale sin ninguna justificación seria llevado a un centro de contención, los negocios de comida solo pueden operar en modalidad “a domicilio”, se ha prohibido la movilización de un municipio a otro sin justificación y el trasporte se encuentra paralizado a nivel nacional.
A pesar de estas medidas la expansión del COVID-19 en El Salvador supera los mil contagios, la mayoría de ciudadanos han acatado las órdenes del ejecutivo y de gobiernos locales, sin embargo, aún existe población que está sufriendo más la crisis para proveer del alimento a sus hogares y se ven obligados a salir en medio del miedo, ignorando el peligro al cual están expuestos. Muchos de estos son vendedores informales, agricultores del área rural, comerciantes, sub empleados que en su mayoría son los proveedores en sus hogares.
De esta manera y ante la inminente recesión económica que experimentara el país, los principales afectados son los hogares que tienen ingreso por debajo del costo de la canasta básica, teniendo en cuenta que esta en el área urbana para un hogar promedio de 3.49 miembros en 2017 fue de $185.25 y para el área rural de $123.06 para un hogar tipo promedio de 3.76 miembros y que más de 537,000 hogares salvadoreños sufren pobreza multidimensional. (DIGESTYC, 2018)
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en El Salvador, el 56% de los trabajadores se encuentran en el mercado informal, esto significa que tres de cada cinco salvadoreños ocupados se encuentran en condiciones de informalidad. Esto responde a las imágenes que vemos día a día de trabajadores informales, comerciantes y vendedores luchando por subsistir en medio de esta pandemia por el COVID-19.
No cabe duda que vivimos en un país con desigualdad social histórica, una brecha económica que difícilmente será superada si no se toman medidas estructurales y ahora mucho menos por la pandemia del COVID-19, se ha adquirido una deuda que tarde o temprano tendremos que pagar “nosotros, nuestros hijos y nietos”. Es momento repensarse el crecimiento económico del país y generar políticas públicas y de Estado que eviten la pérdida de empleos, la reducción de salarios, el aumento del precio de la canasta básica, el aumento de los impuestos y la deuda externa, pero sobre todo que crezca la recaudación fiscal, que se erradique la evasión fiscal y se reduzca la brecha económica entre ricos y pobres solo será posible si damos el primer paso ante la pugna de poderes estatales.
Referencias
DIGESTYC. (2018). Encuesta de Hogares de Propositos Multiples . San Salvador.
Escobar, M. (14 de marzo de 2020). https://www.asamblea.gob.sv. Obtenido de Emiten ley de restricción temporal de algunos derechos sin afectar la libertad de expresión y el derecho de asociación: https://www.asamblea.gob.sv/node/10180
PNUD. (2020). Una Mirada desde la Pobreza Multidimensional en El Salvador. San Salvador . Obtenido de https://www.sv.undp.org/content/el_salvador/es/home/library/poverty/covid-19-y-vulnerabilidad–una-mirada-desde-la-pobreza-multidime.html
