El incumplimiento estatal de la minería en El Salvador
Por Alfredo Carías Colaborador
Pasaron dos años desde la aprobación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica y el gobierno no hizo nada para cumplir el cierre técnico de minas en el país denunciaron organizaciones ambientalistas y sociales.
En consecuencia, el gobierno no ha mostrado públicamente “Propuestas de Reconversión de Actividad Económica para los Güiriseros”, en el cantón San Sebastián, municipio de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión señalo Rodolfo Calles representante de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador -CRIPDES-.
En medio de la controversia se encuentran alrededor de 500 mineros artesanales que se resisten a abandonar dicha actividad sino se les proponen alternativas concretas par para cambiar sus medios de subsistencia.
“Dos años nos han dado de prórroga, es muy poco tiempo, de aquí mantenemos a la familia y aquí hay mucha gente que tiene necesidad y de aquí les damos trabajo”, explico un minero artesanal.
“Aquí trabajamos 10 personas en este túnel, si tiene suerte puede conseguir oro en 7 meses y recupera lo que ha trabajado, puede conseguir unos $500 en un mes si tiene suerte”, menciono José, güirisero del caserío el Baratillo Norte, en el cantón San Sebastián.
El gobierno tampoco ha presentado una propuesta para realizar el cierre de Pasivos Ambientales Mineros (PAM) de 6 bocaminas en el Divisadero en Morazán y otras 9 bocaminas en la mina San Sebastián, así como desarrollar acciones de reparación ambiental por la contaminación del drenaje acido de minas en la zona oriental destaco Luis González miembro de la Alianza Centroamericana frente a la Minería -ACAFREMÍN-.
A pesar que El Salvador cuenta con una Ley de Prohibición de la Minería Metálica aún persiste la amenaza de la reversión de la misma debido a que no está elevada a rango constitucional, así mismo lo sigue siendo la minería transfronteriza en Guatemala y Honduras, países con los cuales comparten las aguas de las cuencas hidrográficas del río Lempa.
Una de las amenazas relacionadas con el agua es el proyecto de la mina Cerro Blanco en Asunción Mita, Guatemala que pone en riesgo la salud de ambas naciones centroamericanas y el riesgo de contaminación del río Ostúa y el Lago Güija, a causa de la explotación minera de la empresa Bluestone Resources Inc.
