Canadá ha decidido reducir drásticamente el número de inmigrantes en un esfuerzo por frenar el crecimiento demográfico. El primer ministro Justin Trudeau anunció que en 2025 el país aceptará solo 395,000 residentes permanentes, un 21% menos que los casi 500,000 autorizados hasta ahora.
Por Anny Scarlet Martínez
Esta medida se da en un contexto de creciente preocupación pública sobre el impacto de la inmigración en la vivienda y los servicios sociales. Trudeau admitió que su gobierno no logró el equilibrio adecuado al aumentar la inmigración tras la pandemia para atender la escasez de mano de obra.
La opinión pública ha cambiado, con un 58% de canadienses considerando que los niveles de inmigración son demasiado altos. Además, los precios de la vivienda han alcanzado un promedio de 700,000 dólares canadienses, lo que ha exacerbado la crisis habitacional. Los alquileres también han aumentado un 22% en los últimos dos años, lo que ha generado más inquietud entre los ciudadanos.
Grupos activistas critican los recortes, argumentando que los inmigrantes no son responsables de los problemas sociales. Estos colectivos señalan que la falta de vivienda y empleo se debe más a políticas inadecuadas que a la llegada de nuevos migrantes. En el contexto actual, los empleadores también enfrentan restricciones para contratar trabajadores temporales, lo que afecta sectores como la construcción y la salud.
A medida que se implementan estos cambios, la incertidumbre persiste sobre el futuro de la política migratoria en Canadá. Mientras el gobierno busca equilibrar la inmigración con las necesidades sociales, la presión sobre los servicios públicos y la infraestructura seguirá siendo un tema clave en el debate público.
