El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció sanciones económicas para las personas migrantes que crucen de manera irregular el territorio panameño, con multas de hasta 5,000 dólares.
Por Anny Scarlet Martínez
Panamá impondrá fuertes multas a las personas migrantes irregulares que ingresen al país a través de la selva del Darién, frontera natural con Colombia, como parte de las medidas para frenar el flujo migratorio hacia Estados Unidos. El presidente panameño, José Raúl Mulino, indicó este jueves que las sanciones oscilarán entre los 1,000 y 5,000 dólares, de acuerdo con la gravedad de la violación de las normas migratorias.
Durante su conferencia semanal, Mulino explicó que «toda persona que entre al país de forma irregular, ya sea por vías terrestres, aéreas o marítimas, será sancionada con una multa económica», y que el monto dependerá de la infracción cometida. Esta medida sigue a un decreto ejecutivo publicado recientemente en la gaceta oficial, que establece el incremento de las sanciones para quienes ingresen sin autorización.
El decreto también señala que aquellos migrantes que no puedan pagar la multa no podrán salir del país hasta que cumplan con la sanción. En caso de que no tengan los medios económicos, se procederá con su deportación. Sin embargo, las autoridades aclaran que la sanción será «ajustada para ser accesible» y que los migrantes puedan cubrir el pago antes de abandonar Panamá.
La selva del Darién se ha convertido en un paso frecuente para personas migrantes provenientes de Sudamérica, quienes buscan llegar a Estados Unidos a través de Centroamérica y México. Durante 2023, más de 520,000 personas cruzaron esta peligrosa región, enfrentándose a riesgos naturales y a la amenaza de grupos delictivos.
En lo que va del 2024, alrededor de 283,000 migrantes han transitado por el Darién, cifra que representa un 37% menos en comparación con el mismo período del año anterior. La mayoría de los migrantes provienen de Venezuela, aunque también hay ciudadanos de Colombia, Ecuador, Haití y China.
Para enfrentar esta situación, el gobierno panameño ha implementado un programa de deportación, financiado por Estados Unidos, que permite el envío de migrantes de regreso a sus países de origen. Mulino subrayó que «se espera realizar vuelos de repatriación cada semana» para continuar con esta iniciativa.
