Avanzan soluciones habitacionales y legalización de terrenos, afirma ministra Michelle Sol

La ministra de Vivienda, Michelle Sol, detalló durante una entrevista televisiva los avances del Gobierno en la entrega de viviendas de interés social, especialmente dirigidas a familias que habitan en zonas de alto riesgo o que se encuentran en condiciones de pobreza extrema.
Por M. Del Cid
Según informó, recientemente entregaron los primeros 40 apartamentos en el Barrio San Esteban, en el Centro Histórico de San Salvador, como parte de un proyecto de 352 apartamentos que también incluye espacios comerciales para apoyar la sostenibilidad económica de las cooperativas beneficiadas.
“El tema de la vivienda ha sido históricamente abandonado, pero no nos hemos detenido. Estamos trabajando de manera decidida para dar respuesta a familias en extrema urgencia”, explicó Sol. Añadió que a través del Programa de Reasentamiento ya se han ejecutado inversiones por $46 millones, destinados a reubicar a personas que vivían en condiciones de alto riesgo o vulnerabilidad.
Otro de los ejes abordados por la ministra fue el proceso de legalización de terrenos. Destacó que se ha avanzado en la regularización de 65,302 lotes, lo que permitirá que miles de familias puedan acceder por primera vez a escrituras legales. Para ello, las personas pueden acercarse a una de las sucursales de Argoz e iniciar su proceso formal de escrituración.
En cuanto al histórico problema de la estafa con lotificaciones ilegales, Michelle Sol fue enfática en señalar que empresas como Argoz y Jumbo se lucraron por años a costa de la necesidad de las familias salvadoreñas. “Estamos haciendo justicia social. Según nuestros registros, hay 350,000 lotes sin regularizar, y solo Argoz representa el 80% de la problemática total”, puntualizó.
La ministra aseguró que cada semana se están entregando nuevas escrituras, como parte del compromiso del Gobierno de garantizar el derecho a una vivienda digna. Estas acciones buscan transformar realidades y ofrecer una base sólida para que las familias mejoren su calidad de vida con seguridad jurídica y un entorno adecuado para su desarrollo.