Entrevistas

“Se ha dado orden a la Fuerza Armada que brinden información”

Entrevista de Leydi  Benítez

al Doctor,  Florentín Meléndez, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia

El Doctor Florentín Meléndez, tiene una larga trayectoria en el ejercicio de la jurisprudencia y los derechos humanos, respaldada por su hoja de vida en la que cuenta con varios grados académicos y una basta experiencia en lidiar con las controversias que se dan en el país.

Meléndez, quien es originario de San Francisco Gotera, Morazán, es actualmente Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, en la Sala de lo Constitucional, la misma que hace poco ordenó a la Fuerza Armada que abra sus archivos para investigar la desaparición de niños durante dos episodios de la guerra civil, un dictamen jurídico aún no acatado por la entidad, ni por el Comandante en Jefe de la misma, el Presidente Salvador Sánchez Cerén.

Durante una visita a la zona oriental, sin su usual vestimenta formal,  el Magistrado concedió una entrevista a  Univo News y esto fue lo que nos dijo:

Para que los jóvenes puedan comprender mejor, ¿Cómo está formada la Corte Suprema de Justicia?

La corte es parte del órgano judicial, uno de los tres órganos fundamentales del estado.  Está integrado por 15 magistrados, dentro de la Corte Suprema hay cuatro Salas, cuatro Tribunales que son independientes de la Sala, pero están integradas por los mismos magistrados de la corte suprema. La Sala de lo Constitucional integrada por cinco Magistrados, la Sala de lo Civil por tres, la Sala de lo Penal por tres Magistrados y la Sala de lo Contencioso administrativo por cuatro magistrados

¿Quién elige a los miembros de cada sala?

La Asamblea Legislativa, Cada tres años se renueva una tercera parte de la corte. Propietarios suplentes de ese renuevan cinco Magistrados. Estos vienen de dos fuentes, una de ellas de la candidatura que presenta el Consejo Nacional de la Judicatura y luego otra lista de 15 que vienen de la elección nacional de abogados que organiza la Federación y Asociación de Abogados

Entiendo que cada magistrado debe tener una formación sólida, ética ¿Qué otro requisito exige la ley?

Ser Abogado, idoneidad en el cargo, formación técnica, idealmente tendría que tener especialidad en la materia que trata cada Sala: materia civil, mercantil, laboral, penal, contenciosa administrativa, constitucional y derechos humanos; moralidad, honestidad, probidad; que hoy en día es el requisito más importante que debe reunir cualquier Juez de la República.

¿En cuanto a su labor, que es lo más difícil de poder resolver?

La Sala de lo Constitucional resuelve casos de trascendencia nacional, todos los temas tienen que ver con violación a la Constitución, no vemos temas de legislación secundaria, sino violaciones e infracciones a la Constitución. En algunos casos, buen número de demandas de problemas que centra particulares, se resuelven por la vía del proceso de amparo. Pero otras por abuso de autoridad, por ejemplo: capturas ilegales, se resuelven a través del proceso de áreas cortas y los temas de transcendencia nacional se resuelven en el proceso de inconstitucionalidad que presentan los ciudadanos de acuerdo a la Constitución que le reconoce el derecho a cada ciudadano de poder presentar demandas contra la Asamblea Legislativa o contra cualquier autoridad del estado que emite una norma, una Ley que se considera violatoria de la Constitución. Esos casos son más complejos, los más difíciles mayormente porque, hay que hacer un esfuerzo y una ponderación, un equilibrio en el proceso y el análisis de interpretación que se hace no solo para emitir el fallo, si una norma o Ley es inconstitucional, sino más que todo el efecto que puede producir el fallo que se considera que deben ser efectos beneficiosos  para el ordenamiento jurídico para la institución democrática del país, pero de igual manera se corre el riesgo de poder cometer graves errores de interpretación, por lo tanto dañar las instituciones democráticas y el ordenamiento jurídico. Por eso es que el efecto de las sentencias en los procesos de inconstitucionalidad es quizás lo más delicado que tenemos que prever en nuestros fallos.

Hace unos días la Sala Constitucional falló un dictamen al ejército, donde se le ordena que den información sobre operativos que derivaron en la desaparición de niños.

Tenemos varios fallos. Se trata de casos que sucedieron en medio del conflicto armado en el 80, algunos de ellos tienen que ver con desaparición de niños en operaciones militares, masacres de civiles que son dos tipos de casos que hemos conocido y en los efectos de esos fallos precisamente se emiten ordenes porque son sentencias judiciales para la fuerza armada: el Estado Mayor y el Ministerio de Defensa Nacional. Esto comprende también al mismo presidente de la República en su carácter de Comandante General de la Fuerza Armada para abrir los archivos militares, así informarle al Tribunal y a las victimas los detalles sobre los operativos militares, en efecto de facilitar la investigación judicial que a raíz de los fallos nuestros han quedado habilitadas o abiertas. No obstante que, durante 25 años estuvo una ley de amnistía que perdonó todos estos crímenes, pero las sentencias de la Sala han habilitado la reapertura de estos casos y se ha dado la orden a la fuerza armada que brinden información y hasta este momento,  ni la Fuerza Armada, ni el Presidente de La República como comandante general han hecho nada para cumplir esta sentencia.

Si ellos niegan esta información aludiendo al secreto de estado ¿Qué sucede?

El tribunal puede seguir reiterando el pedido como lo hemos hecho en audiencias públicas que se han celebrado. Se llaman audiencias públicas de seguimiento de las sentencias porque los jueces no solo están obligados a juzgar, sino también a ser ejecutar lo juzgado, según el artículo 172 de la constitución. En última instancia el tribunal lo que debería de hacer, porque es su deber para garantizar el cumplimiento de esta sentencia es, notificarle al Fiscal General de la Republica a efecto de que el Fiscal pueda iniciar procesos penales por desobediencia al mandato judicial. Todas las autoridades sin excepciones están obligados a cumplir los fallos de cualquier tribunal del país.

¿Qué importancia tiene que la FAES de esa información?

La importancia principal es que se esclarezca la verdad de varios crímenes realizados a la población civil durante el conflicto armado y quedaron impunes, no solo es el hecho de hacer justicia o aplicar la justicia penal, sino que se esclarezca la verdad entre las víctimas y la sociedad salvadoreña en estos crímenes de lesa humanidad como se han considerado, que se conozca la verdad en detalle de que sucedió, porque se mataron centenares de civiles, por ejemplo, en la masacre del Mozote, porque se desaparecieron niños de corta edad, campesinos después de operativos militares ¿Dónde están esos niños? si fueron asesinados ¿dónde están enterrados? o si fueron dados en adopción, revelar la identidad de estos niños en la actualidad y propiciar el recuentro con la familia, si ahora adultos tienen ese deseo, lo importante es conocer la verdad, es un derecho de la sociedad y de la familia víctima.

Hay sectores que han querido desprestigiar a la sala, ¿responden a intereses políticos?

Hay distintas motivaciones según lo que nosotros podemos interpretar, una de ellas es la inconformidad, no están de acuerdo con los fallos, estos les afectan su imagen política o personal, entonces acuden no al argumento jurídico, sino, con difamación al tribunal, personal a los miembros y eso definitivamente no es válido en una sociedad democrática. De alguna forma también hemos tenido hostigamientos bastantes fuertes en la corte suprema, manifestaciones violentas incluso. No amenazas personales, pero si instigación a la violencia contra Magistrados de la Sala, campañas de colocación de pancartas, obstaculización de trabajo en el terreno, impidiendo la difusión de la Constitución. Las reacciones que si son legítimas es el derecho del pueblo y de las personas manifestar que están en desacuerdo con los fallos, pero nadie tiene el derecho de incumplir las sentencias de los jueces mucho menos a instigar el incumplimiento hacia los demás, esto está al margen de la Constitución y también está penado por la ley porque los fallos deben cumplirse independientemente no sea del agrado de cualquier destinatario.

¿Cómo evalúa la erradicación de la corrupción en el país?

Se han hecho esfuerzos para combatir la corrupción, de hecho, por primera vez en la historia del país hay funcionarios de alto nivel que se están investigando, pero no es suficiente lo que se ha hecho hasta ahora, definitivamente han sido positivos los esfuerzos que se han hecho pero no responden a la necesidad de combatir de raíz la corrupción en el país, pero esto también requiere de la participación ciudadana  no solo del esfuerzo de las entidades estatales, la ciudadanía tiene que denunciar la corrupción no tiene que ser cómplice, testificar en los tribunales  porque si no es bastante difícil descubrir la verdad en cuanto a la investigación de la corrupción.

Es un gran reto que tiene El Salvador para poder avanzar en el desarrollo, en el progreso especialmente, en la satisfacción de los derechos sociales de la población, un estado con presupuesto muy débil, con pocos recursos, con mucha necesidad social y demandas de la colectividad, necesita racionalizar la utilización de los pocos recursos  y esto definitivamente obliga a manejarlos de manera ética, con probidad, con control y supervisión a efecto de que los pocos recursos destinados para los temas sociales, niñez, salud, educación, bienestar general, lleguen definitivamente a los destinatarios a la máxima medida que los recursos lo permitan. Cuando no se combate la corrupción se está empobreciendo mas el país, porque los recursos van destinados para fines ilícitos, los pocos esfuerzos que se han estado haciendo  son muy valiosos están marcando una tendencia abriendo caminos correctos en el marco de la Ley en el debido proceso de combatir la corrupción independientemente del nivel que se trate todo en el marco de un debido proceso, respetando las garantías a lo investigado. Actualmente estamos discutiendo en la Sala Constitucional la Ley de Probidad que se aprobó recientemente si es constitucional o no, porque el país tiene que tener una nueva Ley de Combate a la Corrupción debido a que, la que tenemos tiene más de 60 años. No se ajusta a la realidad actual y se debe contar con entes de control, supervisión judicial y no jurisdiccional independientes.

En otros países como Guatemala se activó una Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) ¿es esta necesaria en El Salvador?

En lo personal creo que no, en estos momentos a lo que hay que apostarle es al fortalecimiento de nuestras instituciones eso es lo ordinario, es lo que debe ser, fortalecer La Fiscalía, La Corte de Cuenta, La Sesión de Probidad, El Tribunal de Ética, La Corte Suprema de Justicia misma con funcionarios no solo capaces, sino, sobre todo honrados, gente ética independiente del poder político del país. Si se agotan estos recursos pues complementariamente es procedente que Naciones Unidas puede intervenir en el país para suplir lo que el estado no es capaz de hacer.

¿Cuál sería su mensaje para los jóvenes que buscan un cambio en el país?   

En primer lugar, que no sean apáticos a la realidad nacional, no solo busquen su formación técnica profesional para provecho propio, los profesionales tienen que tener una función social en este país, de hecho, es un porcentaje mínimo el que llega a la universidad. Es una especie de privilegio el haber obtenido la oportunidad de estudiar en una Universidad y salir graduado, por lo tanto, es doblemente el compromiso con la sociedad salvadoreña, poner nuestras profesiones al servicio de la comunidad y no servirse de la comunidad, Tiene que haber una función social de las profesiones independientemente de cual sea. Que estudien y se esfuercen para tener una educación mejor para que cuando sean profesionales puedan brindar un servicio de calidad en el país.

Todas las autoridades sin excepciones están obligados a cumplir los fallos de cualquier tribunal del país» Florentin Meléndez, Magistrado de la CSJ

Sobre el Magistrado, Florentín Meléndez

Es Doctor, graduado de la Universidad Complutense de Madrid, España

Posee una maestría en Derechos Humanos en Madrid, España.

Es Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador

Fue director de la Oficina del Alto Comisionado  de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Consultor del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, para los Derechos de los Refugiados (ACNUR), Mexico, Nicaragua.

Consultor en varios países del itsmo y de suramérica.

Miembro del equipo técnico de la Oficina General de la ONU, para la elaboración del informe de evaluación del proceso de paz En El Salvador y otros trabajos dentro y fuera del país. http://scm.oas.org/pdfs/2006/AG03036s-%20ii.pdf



 

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Redacción UNIVO NEWS

Equipo de periodistas, estudiantes, editores y productores de la Carrera de Comunicaciones de la Universidad de Oriente UNIVO.

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