Una marcha se está organizando para exigir la aprobación de la Ley General de Aguas y que se eleve a rango constitucional el derecho humano a este líquido en El Salvador.
Redacción y foto: Alfredo Carías Colaborador
Las organizaciones ambientalistas, comunidades, iglesias, escuelas y universidades están organizando la denominada “Gran Marcha contra la Privatización del Agua” según lo dio a conocer Doris Evangelista de la Asociación Uniendo Manos El Salvador (ARUMES).
“El país esta en una situación difícil con el agua a consecuencia de los impactos del cambio climático, como organizaciones consideramos que es responsabilidad de los diputados aprobar una ley publica con enfoque de cuencas y que se eleve a rango constitucional el derecho humano al agua para beneficio del pueblo salvadoreño”, aseguró Evangelista.
La marcha espera concentrar a más de 20 mil personas en la capital salvadoreña explicó Rodolfo Calles representante de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES).
“La caminata esta estructurada por tres grandes bloques: las iglesias históricas, movimiento social y escuelas, marcharemos desde la Plaza Cívica, estimamos movilizar alrededor de 20 mil personas para presentar una pieza de correspondencia con esta demanda popular”, acotó.
Por su parte, la Procuradora Adjunta de Medio Ambiente Milagro Guevara, aseguró que la Asamblea Legislativa ha caído en omisión de su labor de regular el Derecho Humano al Agua, al no aprobar esta ley de Agua.
“Hoy en día, la crisis del agua se ve reflejada en las manifestaciones que la población hace con sus exigencias por el acceso al agua en sus comunidades, casi a diario encontramos quejas, problemáticas y exigencias de la ciudadanía por el derecho humano al agua, y tenemos casos registrados donde empresas privadas suministran un pésimo servicio de calidad y cantidad de abastecimiento de agua para la población, por eso es importante contar con una ley de aguas”, dijo-
El Salvador podría perder hasta un 93 % del agua disponible, debido al cambio climático en el año 2100, esto, según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). A pesar de este panorama sombrío las diputados de los partidos políticos de derecha se niegan a aprobar la legislación que podría contribuir a enfrentar esta crisis hídrica.
